Ayer día 19 de noviembre de 2020, en el Congreso de los diputados, se consumó el ataque más directo contra los derechos y libertades de los españoles entre los intentados y perpetrados, hasta ahora, por este Gobierno, con el apoyo de independentistas y demás fuerzas de la izquierda más reaccionaria que le sostienen. En esta ocasión el paso dado se ordena a acabar con la libertad de Enseñanza por consunción: un objetivo estratégico en tanto que el dominio unilateral de la educación, por parte del Estado y sus terminales, constituye, para estos aprendices de brujo, la única palanca capaz de procurar y de consolidar el cambio radical de las conciencias (y, al final, del propio Estado) sin necesidad de recurrir, por el momento, a formas de violencia aún más explícitas que serían difícilmente digestibles incluso para los robustos estómagos europeos.
A partir de que esta ley sea publicada en el BOE, los centros de educación concertada y de educación especial verán comprometida su existencia; los padres drásticamente limitado su derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos; los hijos castrado su futuro de libre acceso a la excelencia y al ascenso social, cuando no a la integración social en el caso de los discapacitados mentales; los padres y alumnos de las escuelas públicas sin más futuro que la mediocridad de una oferta ideológica que no persigue la excelencia si no el igualitarismo de mínimos que desconoce el talento y reniega del esfuerzo. Mientras que, en el ámbito de lo estrictamente político, quedará sentado por esta ley el extrañamiento de la lengua histórica y oficial del Estado, la lengua de España por excelencia, la lengua mayoritariamente y habitualmente hablada por todos los pueblos de España, de comunidades enteras en las que, de iure (de facto ya era un hecho), dejará de ser lengua vehicular en la educación, para complacer a quienes, desde hace más de cuatro décadas, se empeñan en construir nuevas patrias, nuevas naciones, nuevos Estados a costa de la multisecular unidad de España que reconoce la Constitución de 1978 y todas las anteriores.
Si frente estos hechos, los españoles que se sienten tales no unen sus corazones y sus esfuerzos hasta desbaratar tales males y designios, el sombrío panorama que se cierne sobre el futuro de España terminará siendo una dolorosísima realidad.
Francisco Galvache Valero